- Institución
- Ministerio de Finanzas Públicas (DIGAE)
- Acto o norma cuestionada
- Modificación de la función "Buscar un proveedor" de Guatecompras, 21 de julio de 2026, sin resolución conocida
- Derechos afectados
- Acceso a la información pública, fiscalización ciudadana, libertad de prensa
- Vía prevista
- Consulta pública; solicitud de información; petición de restitución; en evaluación
- Fecha de apertura
- 2 de septiembre de 2026
Línea de tiempo
- Consulta pública: qué cambió y por qué importaConsulta pública
- El Minfin restableció la búsqueda de proveedores: cerramos el caso y damos seguimiento al diálogoActualización
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El Minfin restableció la búsqueda de proveedores: cerramos el caso y damos seguimiento al diálogo
El Ministerio de Finanzas Públicas dio marcha atrás al cambio que originó este caso. Por medio del Comunicado No. 136, el Minfin restableció la consulta de la funcionalidad “Buscar un proveedor” con el alcance que tenía antes del 21 de julio de 2026, a partir del 8 de septiembre de 2026, mientras socializa el ajuste con los sectores interesados. Las mejoras implementadas el 1 de septiembre de 2026 se mantienen vigentes. El propio ministerio explicó que la decisión se tomó luego de escuchar y valorar las observaciones, inquietudes y pronunciamientos recibidos de distintos sectores.
Un día antes, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa la suspensión de la implementación de las modificaciones, para retomar un mecanismo de consulta con los distintos actores, y el ministro Jonathan Menkos reconoció que al Ejecutivo le faltó comunicar los cambios con anticipación y preparar a los usuarios de la plataforma.
Con la información pública de las personas no proveedoras nuevamente disponible, el motivo que nos llevó a evaluar una acción legal desapareció. Cerramos el caso sin litigar.
Lo que queda pendiente
El Minfin anunció que convocará a un espacio de diálogo para socializar el ajuste, resolver dudas, conocer casos de uso y considerar propuestas de mejora, y que en ese mismo espacio se abordarán el tratamiento y la publicación de datos personales en Guatecompras, las experiencias internacionales comparadas y la publicidad de la información sobre accionistas y beneficiarios finales de las empresas proveedoras del Estado. El restablecimiento está planteado como una medida temporal mientras dura esa conversación, así que Poder Ciudadano seguirá el proceso y volverá a pronunciarse si el resultado vuelve a restringir el acceso a información pública.
Agradecemos a quienes enviaron comentarios y material por el formulario de consulta.
Antecedentes: qué fue el caso
El 21 de julio de 2026 el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, modificó la funcionalidad “Buscar un proveedor” de Guatecompras. Desde esa fecha, el buscador dejó de devolver resultados de personas que no son proveedoras del Estado.
Aquí conviene separar dos universos. El de los proveedores y oferentes, cuya información siguió disponible en el portal. Y el de las personas que nunca han contratado con el Estado, de quienes el buscador solo mostraba nombre, NIT y CUI, datos que la ley no considera sensibles ni confidenciales y que sirven para cruzar información: identificar quién está detrás de una empresa, qué representantes legales se repiten entre oferentes y qué vínculos existen entre quienes compiten por un mismo contrato.
Ese cruce es una de las pocas rutas prácticas que tienen la prensa, los investigadores y la ciudadanía para fiscalizar las compras públicas en Guatemala. Por eso Poder Ciudadano abrió el caso: para explicar públicamente el problema, recoger opiniones y material por medio del formulario de consulta, y evaluar si correspondía accionar en la vía constitucional. El resultado fue el que buscábamos, y llegó sin necesidad de litigar.
Línea de tiempo
- 21 de julio de 2026: el buscador deja de mostrar a personas no proveedoras.
- 1 de septiembre de 2026: el Minfin anuncia mejoras al portal (todos los oferentes en el buscador, buscador de representantes legales, pestañas Representaciones y Participantes).
- 7 de septiembre de 2026: el presidente Arévalo anuncia la suspensión de la implementación; el ministro Menkos reconoce fallas en la comunicación del cambio.
- 8 de septiembre de 2026: el Minfin restablece la búsqueda con el alcance previo al 21 de julio y anuncia una ronda de diálogo.
Fuentes
- Comunicado No. 136, Ministerio de Finanzas Públicas, 7 de septiembre de 2026.
- La Hora, 7 de septiembre de 2026, “Gobierno da marcha atrás a cambios en Guatecompras; analizan nuevas propuestas para el portal”.
- Soy502, “Minfin convoca a diálogo por cambios en Guatecompras”.
Consulta pública: qué cambió y por qué importa
Poder Ciudadano está evaluando accionar legalmente en este caso. Antes de decidir, estamos recogiendo opiniones de periodistas, investigadores, organizaciones y ciudadanos. Le pedimos leer nuestro análisis para formarse un criterio y responder después la consulta pública. Si prefiere, puede ir directamente al formulario.
¿Qué cambió?
El 21 de julio de 2026 el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DIGAE), modificó la función “Buscar un proveedor” del portal Guatecompras. No hubo un aviso previo ni consulta al respecto. El cambio se presentó al Comité de Usuarios de Datos Abiertos, donde se sienta la sociedad civil vinculada a datos, hasta el 26 de agosto, 5 semanas después de aplicado y solo para informarlo. No se ha exhibido ninguna resolución que lo ordene. El Ministerio de Finanzas lo confirmó mediante un comunicado el 17 de agosto, después de que la prensa lo revelara.
Para entender el problema hay que separar dos universos de información.
Universo 1: los proveedores del Estado. Personas y empresas que han sido adjudicadas, han contratado o han participado en un proceso de compra pública. Son unas 590,000. Su información sigue disponible en Guatecompras. Eso incluye, sus expedientes, ofertas, adjudicaciones, contratos y representantes legales. Sobre este universo no hay reclamo.
Universo 2: todos los demás contribuyentes. Guatecompras estaba conectado desde hace más de una década a la base del Registro Tributario Unificado de la SAT, unos 9 millones de registros. Al buscar por nombre a cualquier persona o empresa, el sistema devolvía 3 datos: nombre, NIT y CUI. Nada más. No mostraba direcciones, ni socios, ni contadores, ni ingresos. Ese es el universo que se eliminó, puesto que la forma más efectiva de asegurarse de que una persona no fuera proveedora del Estado era verificando que en efecto no tenía ninguna adjudicación.
Por qué importa un dato tan pequeño
El NIT y el CUI son la llave con la que se identifica a una persona en todos los registros del país. Y la ley los trata como tales.
La Ley del Registro Nacional de las Personas define el CUI como “la base sobre la cual la sociedad y el Estado” identifican a la persona y ordena incorporarlo a todos los registros públicos como número único de identificación (artículo 61). La misma ley establece que el nombre y el número de identificación son “información pública sin restricción” (artículo 6, literal j). El Código Tributario ordena que el NIT se consigne en toda factura y en todo documento, y obliga al Estado y al sector privado a incorporarlo en sus propios registros (artículo 120). Son datos diseñados por ley para circular.
Sin el NIT o CUI la actividad de fiscalización ciudadana y periodística de los fondos públicos, base de una sociedad democrática, se torna compleja. Guatecompras era el lugar público y gratuito donde la fiscalización de proveedores del Estado y sus redes de operación iniciaba. A partir del NIT y CUI se hacía factible cruzar información con otros registros públicos, encontrar coincidencias en representantes legales, direcciones comerciales, correos electrónicos, notarios, padrones de candidatos y adjudicaciones, redes que muchas veces involucran empresas o personas que no figuran de forma directa como proveedor del Estado.
La investigación periodística y ciudadana funciona así. En 2024 la SAT reveló el caso B410, una red de más de 400 empresas de cartón que defraudó al fisco, facturando Q5,730 millones y pagando apenas Q26.2 millones en impuestos, con el agravante de que algunas de las empresas involucradas en la red eran proveedoras del Estado. La SAT reveló el nombre de una empresa e inhabilitó en Guatecompras a 28 proveedores del Estado. Periodistas entraron a Guatecompras, identificaron a su representante legal y otra información relevante del proveedor, realizaron triangulaciones por coincidencias y llegaron a 210 sociedades con Q77.6 millones en 4,244 compras de baja cuantía. El primer paso de esa cadena ya no puede darse.
Tampoco hubiera sido factible encontrar otras empresas del B410 que sin ser proveedores forman parte de la red y revelan personajes que pudieran estar detrás de ellas.
En conclusión, investigar redes de corrupción en las contrataciones públicas es de por sí complejo, y esta exclusión en la información pública lo hace casi imposible. La publicidad de esa información consistía en una garantía de transparencia en la administración pública.
El argumento del Ministerio y por qué no se sostiene
El Ministerio ha dado 3 razones.
Guatecompras es un sistema de contrataciones, no un directorio de personas. La Ley de Acceso a la Información Pública establece como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y se debe garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública. Asimismo establece qué información se debe catalogar como sensible, sujeta a reserva o confidencialidad. La información excluida del sistema no encuadra en ninguna de las exclusiones. De ahí que la publicación de esta información se hiciera de forma lícita durante más de 10 años. Su exclusión a escondidas, sin consultar previamente al Comité de usuarios y sin realizar las pruebas de daño que manda la Ley de Acceso a la Información Pública, vulnera el derecho de acceso a la información pública, así como el artículo 4 Bis de la Ley de Contrataciones del Estado, que ordena que la consulta de Guatecompras sea “pública, irrestricta y gratuita” y prohíbe a todo funcionario “limitar, alterar o restringir” la información del sistema. Esa es la dirección que la ley marca: cualquier exclusión debe ser excepcional y justificada, siguiendo el proceso que la Ley de Acceso a la Información Pública marca para la restricción de información pública.
Saturación del sistema. Unas 600,000 consultas al mes. Eso es menos de 1 consulta por segundo. Se resuelve con límites de velocidad, con verificación anti-bots o con una API con cuota. El propio Ministerio aplicó una medida de ese tipo en agosto y la retiró 11 días después. Una cuestión administrativa de este tipo bajo ningún punto de vista constituye una justificación válida para la restricción de un derecho.
Protección de datos personales. Es el argumento de fondo. Y es el que las leyes desmienten con más claridad:
- El nombre y el CUI son “información pública sin restricción” por mandato expreso de la Ley del RENAP (artículo 6, literal j). La misma norma señala qué queda fuera: la dirección de residencia, por ser considerada sensible. El legislador decidió qué es público y qué no, y el CUI quedó dentro.
- El NIT no está cubierto por el secreto tributario. La Constitución reserva “el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades” (artículo 24), y el Código Tributario repite esa lista (artículo 101 “A”). El derecho de reserva del contribuyente rige “en los términos previstos en la ley” (artículo 21 “A”). El identificador no está en esa lista. La propia SAT está obligada a publicar nombre y NIT de contribuyentes con sentencia firme (artículo 101 “B”).
- El principio que rige la información pública es la máxima publicidad y transparencia. Solo en casos justificados la información de los registros públicos puede ser restringida por ser considerada sensible de acuerdo con la ley. En el caso del nombre de la persona, su NIT y CUI, la ley no los considera como sensibles.
- El Ministerio reconoció que no recibió denuncias formales, solo llamadas y correos, y que no midió cuánto del uso del buscador era indebido, es decir, no realizó una prueba de daño ni siguió el proceso previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública para la restricción de información que por más de 10 años fue pública. El retroceso en el reconocimiento de un derecho es evidente.
Lo que dice la ley y lo que hizo el Ministerio
Durante más de 10 años el Estado ofreció, a través de Guatecompras, la consulta más simple que existía para convertir un nombre en un identificador. El 21 de julio la retiró sin resolución, sin consulta y sin alternativa, con una justificación que las leyes desmienten.
Retirar una publicación que era lícita y útil, con un argumento que la ley no respalda, es un retroceso en transparencia y una restricción de un derecho que se construye progresivamente. El estándar interamericano de acceso a la información, que Guatemala incorporó por el artículo 46 de la Constitución, prohíbe reducir el nivel de acceso alcanzado sin justificación estricta.
El contexto
La restricción llegó en un momento particular:
- El 28 de abril de 2026 la SAT modificó su propia consulta pública del RTU: ahora exige la fecha de nacimiento además del NIT. Con eso se cerró la otra vía para identificar a una persona a partir de su nombre.
- El 26 de marzo de 2026 la Corte de Constitucionalidad resolvió, en el expediente 4255-2025, que es constitucional obligar a los proveedores del Estado a identificar a sus accionistas y beneficiarios finales. Razonó que quien contrata con el Estado se somete voluntariamente a un régimen de publicidad reforzada y que identificar a los socios es “indispensable” para verificar las prohibiciones de la Ley de Contrataciones. El Ministerio de Finanzas defendió esa norma en el juicio. 4 meses después restringió el buscador.
- El proceso electoral 2027 se convoca el 22 de enero. La Constitución prohíbe ser diputado a los contratistas del Estado (artículo 164). Verificar si un candidato lo es requiere poder buscar su nombre y a personas relacionadas.
Nuestra preocupación
Un dato que la ley declara público sin restricción, que el Código Tributario obliga a consignar en todo documento, y que el Estado venía publicando lícitamente desde hace más de 10 años, fue retirado por decisión informal, sin procedimiento, sin ponderación y sin alternativa.
El efecto es que la prensa, las organizaciones de auditoría social y cualquier ciudadano perdieron la capacidad de responder una pregunta básica: ¿esta persona tiene vínculos con quienes contratan con el Estado?
Poder Ciudadano evalúa las vías legales para revertir la medida. Antes de decidir, queremos escuchar.
Queremos su opinión
Abrimos este caso a consulta pública. Nos interesa especialmente:
- Si usted usaba el buscador de Guatecompras para investigar, fiscalizar o verificar, ¿qué consulta concreta ya no puede hacer?
- ¿Conoce casos, publicados o no, en que el cruce por NIT o CUI fue decisivo para detectar un vínculo entre una persona y un contratista del Estado?
- ¿Considera que mostrar nombre, NIT y CUI de cualquier contribuyente es un riesgo para la privacidad? ¿Por qué?
- ¿Qué solución le parece razonable: que Finanzas restituya el buscador tal como estaba, que lo restituya con controles de uso, o que el RENAP ofrezca directamente la consulta pública de nombre a CUI que su propia ley contempla?
- Si tiene capturas de pantalla anteriores al 21 de julio, documentos o cualquier material que ayude a documentar el caso, puede cargarlo en el formulario.
Las respuestas serán leídas por el equipo de Poder Ciudadano y podrán ser citadas de forma anónima en documentos del caso. No publicaremos nombres sin autorización expresa.